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INVERSION MINERA, UN PASIVO

Se inició la campaña electoral en el Perú, en pocos meses tendremos un nuevo (o no tan nuevo) gobierno, los caballos (sin alusiones a nadie) están en el partidor, la mayoría prefiere ubicarse al centro, no obstante también hay quien se ubica ligeramente a la izquierda y otro que se ubica con un poco de reticencia a la derecha. De hecho va a ser una carrera accidentada con muchos choques por la cercanía entre ellos, aunque tres llevan varios metros de ventaja a los demás, pero la carrera recién empieza.
Como siempre no esperamos que esta contienda sea de propuestas programáticas sino de insultos, codazos y golpes bajos, en donde los emails, Facebook, Twitter y Wikileaks tendrán seguro un rol protagónico. Sin embargo, quisiera ser terco e insistir con sugerir un tema que en mi opinión debiera ser parte de un debate técnico y público en lo que respecta al tema Minero, y que el gobierno saliente tiene –entre otros- como un pasivo, a pesar de la excelente oportunidad que la coyuntura internacional le ofreció. Me refiero en estricto a la Inversión Social Minera.
No volveremos aquí a mencionar cifras ni a repetir los análisis que en su oportunidad ya hicimos (y pueden leer en este blog) acerca de los recursos provenientes de las empresas mineras que se dirigieron a proyectos sociales y de desarrollo en su área de influencia. Tampoco volveremos al tema de si lo que las empresas pusieron sobre la mesa fue mucho menos de lo que se tendría que haber aportado si se hubieran utilizado mecanismos como los impuestos a las sobre ganancias. Lo que nos interesa decir no tiene que ver tanto con lo que no se hizo y no se dio, sino con lo que se tiene que hacer.
Para empezar el mecanismo utilizado para este fin, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte u Óbolo Voluntario) no resultó siendo lo que sus propulsores pensaron. Un mecanismo basado en que los recursos se manejaban directamente por las empresas debía ser –según sus creadores- más eficiente que la opción de que sea manejado por los gobiernos locales o regionales. En la práctica resultó ser similar, la capacidad del gasto no resultó mejor, salvo una honrosa excepción. Además de ello, a tres años y medio de implementación no hay evidencia sostenible técnicamente de que haya generado un impacto social importante en aquellos lugares en donde se implementó. A la fecha no hay un balance oficial ni de parte del MINEM ni de las propias empresas, a pesar que la norma de su creación les daba de plazo dos años para ello.
Con la atomización de proyectos, casi siempre sin obedecer a un plan de desarrollo de las comunidades, y con escasa o nula participación de la población en el diagnóstico, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos es poco lo que se podía esperar. Los lineamientos de implementación del Programa elaborados por el MINEM fueron simplemente ignorados por las empresas y el Estado con escasos recursos humanos, nulos recursos económicos y dubitativa voluntad política fue incapaz de mostrar su autoridad en ese sentido, o peor aún, no la quiso usar. Lección aprendida 1, el Estado no puede delegar al sector privado su rol. Lección aprendida 2, no se trata de importar gerentes privados para trabajar en el desarrollo local en zonas rurales alto andinas, sin participación activa de la población beneficiaria no hay desarrollo sostenible.
Así como es imprescindible que la población sea un actor real en el proceso de desarrollo también se necesita que el Estado tenga un rol protagónico, pero no solo para la estar en la foto o inaugurar obras, sino para ordenar el proceso y fundamentalmente para darle sostenibilidad al mismo, ya que finalmente si bien el sector privado debe asumir una responsabilidad en el desarrollo de su área de influencia, es ave de paso y tarde o temprano se retirará.
El MINEM dentro de sus idas y vueltas inició por el año 2008 un proceso interesante de conformación de un Grupo de Trabajo Intersectorial en apoyo a la Inversión Social Minera y que buscaba elaborar e implementar proyectos intersectoriales con inversión de las empresas y participación de la población beneficiaria directa. Un grupo de siete ministerios se sumaron al esfuerzo, el esquema a punto de iniciar su primer convenio tripartito fue desactivado con el ingreso del ministro actual quien no le dio continuidad, perdiéndose una excelente oportunidad de implementar algo inédito y que buscaba finalmente hacer eficiente el proceso, considerando que los proyectos complementarios y que recogen la opinión de los beneficiarios son los que mayor impacto social tienen. Lección aprendida 3 (o no aprendida) el Estado requiere de políticas de largo plazo, no depender del humor del gobernante de turno sea este de primer, segundo o tercer nivel. ¿Cuántas horas hombre perdidas solo porque a algún asesor advenedizo o interesado se le ocurrió que ello no debía continuar, sea porque no lo entendió, no ganaba nada con ello, o porque la idea era muy buena?. Debería haber penalidad por ello.
Finalmente, un tema en mi concepto medular. Se han barajado varias opciones con respecto a la manera de recaudar los fondos para la inversión social minera, ya sea la actual del Aporte Voluntario, el impuesto a las sobre ganancias, incrementar las regalías, eliminar los contratos de estabilidad, etc. Sin embargo, me atrevo a decir que ese no es el tema de fondo, creo firmemente que el tema no pasa por unos dólares más o menos en la canasta (aunque siempre más es mejor a menos), sino de quién y cómo se gestionan y ejecutan los recursos. Y aquí habría que revisar con detenimiento las diversas opciones existentes, una es mantener el esquema actual del manejo privado con control casi absoluto (en mi opinión ineficiente pero que el MINEM y la SNMPE quieren continuar), otra es centralizar los recursos en una única entidad autónoma encargada de recaudar y asignar (¿y ejecutar?) los mismos a partir de mecanismos más distributivos, una tercera es una combinación de mejor distribución con el fortalecimiento de las gerencias de los gobiernos locales y regionales, etc, etc. Es decir, opciones hay varias, que los candidatos den su punto de vista y que se abra el debate.

PERU: MINERIA Y POBREZA EN PUNO

La idea que la minería genera pobreza en la zona donde opera es usualmente más arraigada que la idea contraria de minería como factor de mejora de condiciones de vida o desarrollo. Son múltiples los casos y ejemplos que abonan al hecho que sea así y que vienen de décadas atrás. Dentro de esta idea, y a partir del Mapa de pobreza distrital 2007 (INEI 2009), recientes artículos periodísticos han afirmado por ejemplo que “los distritos más pobres de la región Puno son precisamente en los que se viene explotando algún mineral”, y si bien esto último no implica causalidad alguna se suele utilizar también en ese sentido.
Este artículo busca establecer si la afirmación de que mayor pobreza se encuentra en los distritos con actividad minera es cierta o no. Nuestro propósito es darle soporte técnico a la discusión o debate que la presencia de la minería tiene no solo en el Perú sino también en los países de menor grado de desarrollo.  No buscamos inclinar la balanza en ningún sentido,  este artículo va dirigido al final de cuentas a que los políticos y comunicadores se esfuercen en plantear argumentos sólidos y no solo discursos facilistas, ya que la única manera de trabajar en serio por el desarrollo de las distintas poblaciones que más lo necesitan es conociendo de manera objetiva la realidad sobre la que se actúa o pretende actuar.
Para contextualizar diremos que La Región Puno se encuentra ubicada en la sierra del sudeste del Perú en la Meseta del Collao entre los 3,812 y 5,500 msnm. Su capital, Puno, está ubicada a orillas del Lago Titicaca, y aunque la actividad agropecuaria es la más importante, la minería(formal e informal) ha estado siempre presente.
Cabe resaltar que se viene poniendo como ejemplo de esta relación pobreza y minería en Puno a un grupo de 10 distritos en pobreza extrema  donde se explota oro, el cual utilizaremos en el análisis. El cuadro siguiente muestra las cifras de pobreza, pobreza extrema y población de las provincias de Puno, a las que se han agregado cuatro grupos más: Los 10 distritos seleccionados de explotación de oro (DEO), los distritos en donde se realiza algún tipo de actividad minera en la región Puno (DMP), los distritos en donde hay explotación minera u otra en Puno (DMPE) y los distritos sin actividad minera en Puno(DNM).